ESCAMOCHA/Pepe Díaz Betancourt
Pues no es muy útil tener una Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ), con centenares de empleados entre funcionarios, visitadores, personal sindicalizado y asimilado, así como el comisionado en oficinas regionales, si sus reacciones son tardías o a veces nulas.
Así lo demuestra su actuación en dos acontecimientos que han captado la atención, primero como producto de las medidas consecuentes del tercer botonazo, el tema de las tiendas de autoservicio que desde su imposición avivaron el rechazo y la desazón de las personas de la tercera edad a quienes se prohibió la entrada a estos establecimientos y a otros comercios.
Una medida arbitraria, discriminatoria y que viola la Constitución pues nadie puede ser privado de sus derechos salvo impedimento judicial.
El otro foco fue producto de una investigación periodística, de una denuncia de acoso sexual que fue documentada por un audio contundente del sujeto acosador y que, al menos mientras se escribe esta opinión, no ha merecido ningún pronunciamiento de la CEDHJ.
El tema es indiscutible pues hay al menos dos figuras delictivas que son el Alcalde y su subordinado; el pronunciamiento que corresponde es la separación de sus cargos, recomendación que debe dirigirse al Cabildo de Tototlán basado en diversas violaciones que no son solamente el acoso a una empleada del Ayuntamiento sino otras violaciones más.
PILÓN
Pues la parálisis del Poder Judicial del Estado ya va para un año, ya hasta nuevo presidente del Tribunal tiene. Y miles de asuntos esperando justicia se encuentran dormidos. El rezago y sus consecuencias son incalculables, presuntamente por “las medidas sanitarias” que se deben aplicar. Sin embargo, el cierre de los tribunales estatales contrasta con las regulaciones que se utilizan cotidianamente en el Poder Judicial Federal donde se trabaja habitualmente.
