HACIENDO ADOBES/Miguel Zárate Hernández
Aunque se trata de un problema que se asienta en lo cultural, el trato hacia el “adulto mayor”, un término eufemístico con el que se pretende eludir la discriminatoria calificación de “viejo”, dista mucho de ser cabalmente entendido por la sociedad, incluso por el gobierno y hasta por algunas leyes y reglamentos que poco toman en cuenta el significado de lo que también se da en llamar “tercera edad”.
Hay numerosas pruebas de que no se procede con tino en la atención a este sector de población y en vez de aumentar, parece ir en descenso el respeto a quienes integran ese segmento que ya se traduce en alrededor de 14 millones de personas en nuestro país y que cada vez son más.
El asunto viene a modo a propósito de la inconformidad de los mayores de 60 años que, bajo el argumento de que hay que “cuidarlos”, no han tenido acceso a centros de compra como los supermercados, tiendas departamentales y hasta tiendas de conveniencia, durante la etapa por fenecer de la actual estrategia contra la propagación del coronavirus en Jalisco.
Ahora, quizá a unas horas de que el gobierno de la entidad anuncie nuevas medidas o tal vez un programa integral que abarcará un término mucho más amplio, posiblemente del resto del año, resulta oportuno que las autoridades y la denominada “mesa de salud”, tomen en cuenta lo que se les ha señalado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, diversos organismos privados y multitud de ciudadanos, molestos ante lo que estiman es más discriminación que prevención para salvaguardar a quienes, efectivamente, son más vulnerables.
Los riesgos son muy grandes, pero no se presentan específicamente en un autoservicio. La verdad sorprende que el gobierno estatal rechace sin más el planteamiento de dicha comisión -de por sí débil y escasamente demandante- para que cambie la limitación de acceso de los adultos mayores a estos y otros centros de comercio.
En un principio se habló de acciones más razonables, como establecer horarios y hasta días preferenciales a estos ciudadanos, lo cual cumpliría con la medida preventiva y hasta otorgaría un pequeño privilegio y comodidad a quienes acuden sin una gran afluencia.
La medida actual ya se aplicó, pero es oportuno reconsiderarla si se pretende ponerla en un plan de emergencia con duración mucho más prolongada. De paso, no estaría mal señalar que la postura de la CEDH es genuina; lástima que como sucede casi siempre, nunca tenga la fuerza para ser coercible en sus recomendaciones.
Sin embargo, en efecto el tema del técnicamente llamado “edadismo”, que no es otra cosa que un culto muy especial por la juventud y un rechazo al adulto mayor, abierto o disfrazado, pero sencillamente discriminatorio de la vejez, debe ser objeto de reflexiones más profundas ya que no se atiende la ancianidad como un tema social y de prevalencia de derechos y valores, como otros referidos a la paridad de género, etcétera.
Tampoco se da la atención en aspectos cruciales, como la salud. Baste con recordar que en todo el país hay menos de 600 especialistas calificados en geriatría, cuando la población de este sector rebasa ya los 14 millones de individuos.
El IMSS, principal centro de salud para los pensionados, por ejemplo, apenas cuenta con 170 médicos de dicha especialidad en la república.
Ya ni para qué abundar en otros renglones como el laboral, que prácticamente cierra oportunidades a la gente mayor a pesar de que se les reconozca el valor de su “experiencia” y, en lo general, la actitud misma del resto de la población que no está exento de prejuicios.
En fin, ojalá y la tercera edad no sea tratada ya, el colmo, como una edad de tercera. Es lo menos que se puede pedir a la autoridad, a las demás edades, a la sociedad entera.
