Juez y parte

HACIENDO ADOBES/Miguel Zárate

La acometida del presidente López Obrador contra los organismos autónomos, o reguladores autónomos, puede tener alcances que lleguen a preocupar seriamente sobre si en realidad lo que se pretende es concentrar facultades y decisiones a modo, haciendo a un lado lo que Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, acaba de considerar “estorbos” para la administración pública y la llamada cuarta transformación.

No es extraño que piense así quien fue prácticamente el último Secretario de Gobernación -en el mandato de Miguel de la Madrid-, quien a la vez fungió como titular de la Comisión Federal Electoral (curiosamente con las mismas siglas de CFE), y que controlaba los procesos con la absoluta y definitiva intervención gubernamental.

A él, desde luego, se debió lo que el panista Diego Fernández de Ceballos denominó “caída del sistema” y autoría del “fraude electoral” en 1988 y que dio paso al triunfo de Carlos Salinas de Gortari.

Pero más de treinta años después, con todo y que fue Salinas quien promovió la reforma que dio pie a la creación del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, la lucha por la integración de organismos que intervengan o regulen de manera independiente al gobierno en cuestiones trascendentales, se ha desarrollado con muchas dificultades y que, pese a diversas fallas y errores, constituyen hoy por hoy los únicos instrumentos subsistentes para frenar los abusos del poder público.

Para el actual gobierno federal la intervención de los denominados organismos autónomos, mismos que ahora son objeto de toda clase de descalificaciones y acusaciones de corrupción y otros problemas, son demasiado caros e inútiles.

Primeramente, se consideró que una de las formas más convenientes para devolver la injerencia gubernamental era disfrazando dicha intervención a base de “filtrar” incondicionales en tales organismos, como sucedió claramente en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, con la designación de integrantes con evidente ineptitud, pero leales a la causa gubernamental.

Esto, al parecer, no es suficiente, de manera que lo conveniente es desaparecerla e integrarla -con el contrasentido de que ya no sería reguladora ni nada-, a la Secretaría de Energía de Rocío Nahle.

Uno de los presagios de que las cosas iban por ese camino fue el nombramiento de la incondicional Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que llevaba muchos años intentando consolidarse, para reducir el impacto que pudiera tener en la marcha del gobierno presente.

La CNDH, de esta manera, ha quedado minimizada y ya perdió su credibilidad y la confianza ciudadana ya que parece un instrumento más al servicio del estado, lo que podría formalizarse con la incorporación de sus funciones a la Secretaría de Gobernación.

De la misma forma el Instituto Federal de Telecomunicaciones es otro de los órganos reguladores que han sido más acotados por el gobierno y la pretensión es incorporarlo, por decirlo de algún modo en vez de anularlo, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin embargo, quizá uno de los órganos autónomos que se pretende aniquilar es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, al intentar ubicarlo en la esfera de la Secretaría de la Función Pública, y que terminaría por exterminar la posibilidad de obtener, entre otras cosas, información verídica y oportuna que se solicite sobre la actuación del gobierno.

Si se tiene por ejemplo el caso las dudas de la enorme fortuna de Bartlett para ser al menos sujeta a investigación, y el informe que al respecto rindió la secretaria Irma Eréndira Sandoval con una vastísima defensa de uno de los funcionarios consentidos del régimen, no resta mucha imaginar en lo que acabaría la transparencia en manos de la misma autoridad.

Desde luego que hay razón para pensar que los órganos autónomos quizá han representado un gasto oneroso y que pudieran ser más eficientes y efectivas, mejor organizadas, etcétera, pero de ahí a considerar que son un “estorbo” como dijo Bartlett tras la reunión de gabinete en la que el presidente puso en marcha este año el proceso de desaparición de tales organismos, y que seguirá con iniciativas que apura a aprobar antes de la elección, no hay más que una interrogante crucial: saber si el gobierno federal, y quizá luego los locales, retornan al pasado en busca del principio dictatorial de ejercer el poder y volver a ser, para ello, juez y parte.

Regidor de PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara

@MiguelZarateH

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