HACIENDO ADOBES/Miguel Zárate
¿Tienen derecho o no los funcionarios y servidores públicos a dar opiniones que afectan o benefician a determinado partido político o a sus tendencias o ideología?
El tema, desde luego extensivo a cualquier autoridad en sus diferentes niveles, sin duda será objeto de serios cuestionamientos y debates ya que, aunque existe un ordenamiento que lo plantea, en la práctica sufre toda clase de interpretaciones y, por lo pronto, cada quien, desde sus respectivos estrados está haciendo todo lo que puede para “llevar agua a su molino”.
El ejemplo, mal ejemplo diría yo, para variar lo está dando el presidente de la república, quien ha tomado sus “mañaneras” no como un ejercicio conveniente para informar sobre los avances y puntos esenciales de su gobierno sino, como es observable, una tribuna en la que se vale todo, especialmente criticando, censurando y hasta denostando a quien ose cuestionarlo.
Pero, además, se vale también darle la manita todo lo que se pueda al partido oficial (sí, porque ya hay un partido que puede llevar esa etiqueta igual que sucedía con el PRI) y, también, abiertamente poner en entredicho a los demás organismos políticos que se llaman ahora “adversarios”, y no sencillamente opositores o contrincantes electorales.
El mismo mandatario se mostró molesto al recibir una amonestación de parte del Instituto Nacional Electoral por haberse inmiscuido en las alianzas que realizan el PAN y el PRI e incluso con el PRD, expresando socarronamente la “vuelta del PRIAN”.
Dadas las condiciones en que se manejan esas ruedas informativas, con periodistas de muy mediano origen y en su mayoría selectivamente favorecidos con la posibilidad de “preguntar”, el asunto no debería llevar a extrañeza, pero fue el propio AMLO quien magnificó, acometió contra el INE (nada raro) y exigió su derecho a hablar “como cualquier ciudadano”, lo cual definitivamente no puede aplicar en su caso.
Ni duda cabe que entre palacio nacional y el Tribunal Electoral de la Federación existe una línea directa. El muy cuestionado presidente del mismo, José Luis Vargas, un día amanece con ánimos de defender “las instituciones electorales” y hasta concita a cerrar filas para preservarlas, y, luego, sobre todo luego del amago de una supuesta investigación abierta sobre sus bienes y declaraciones patrimoniales, se vale de ciertas coincidencias con otros magistrados para garantizar al presidente lo que quería: hablar acerca de asuntos políticos, partidos y demás como se le dé su regalada gana.
Esto tiene tantas implicaciones como no las imagina el mismo presidente. Desde hace meses, por ejemplo, ha venido criticando a los gobernadores cuando le piden más presupuesto o cualquier otra cosa, los acusa simplemente de caer en “politiquerías”, de que se trata de ataques a su gobierno con fines electoreros y cosas por el estilo.
Sin embargo, si vamos a poner las cosas en el terreno de la equidad, tanto derecho tiene a opinar el jefe de la nación como los gobernantes que también fueron electos y están al mando de estados soberanos.
Si el presidente ya tiene derecho a hablar como él quiera, debería sepultarse la ley que fue creada para prevenir a los servidores públicos que utilizan su puesto y los recursos públicos, incluyendo los de comunicación, y que incurren no en faltas sino hasta en delitos si lo hacen para “lesionar o poner en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral”.
Habrá que recordar al presidente, y a los gobernadores y a los alcaldes y a otros con responsabilidades administrativas, que también existe la FEPADE y que el INE tiene a su cargo cuidar y vigilar que exista la debida objetividad y neutralidad ante los procesos que vienen.
Derecho a hablar, sí, en su casa o con sus amigos. No públicamente ya que eso no tiene otro nombre: se llama simplemente proselitismo.
