DIVISADERO/Eduardo González
Muchas son las explicaciones que podemos dar para tratar de entender el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda y el proceder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al solicitar que Estados Unidos se desistiera de los cargos contra el ex secretario de la Defensa Nacional y lo entregara a las autoridades de la 4T para que fuera investigado en nuestro país.
Sin duda, una de las líneas que arroja luz sobre el caso, es el pacto cívico-militar establecido entre el poder civil y las fuerzas armadas luego del triunfo de la revolución sonorense y la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR). A querer o no, este pacto ha sido pieza fundamental en la longevidad del sistema político mexicano ora tricolor, ora blanquiazul, ora moreno.
El mencionado pacto ha otorgado a los gobiernos civiles, luego de la presidencia de Manuel Ávila Camacho, un alto grado de estabilidad; teniendo como base la reciprocidad entre militares y civiles; así como cada vez más amplias prerrogativas a los vestidos de verde olivo, quienes en los momentos de mayor tensión social han salido al quite para defender al gobierno federal y cargar con el desprestigio por los métodos utilizados para “tranquilizar” al país.
DE manera sistemática las fuerzas armadas han manifestado su lealtad a quienes ocupan la presidencia de la República, no solamente con gobiernos del PRI, sino del PAN y Morena. Desde luego, ese apoyo no resulta gratuito, ni tampoco es un cheque al portador. Los militares exigen cada vez más y aumentan las presiones sobre la presidencia civil.
La creciente presencia del Ejército en la 4T la miramos en varias trincheras numéricamente representa con 151 mil 731 soldados, marinos y miembros de la Guardia Nacional fuera de los cuarteles realizando una multiplicidad de labores que no tienen precedente en la historia moderna del país.
Era de suponerse que ante la detención de general Cienfuegos el 16 de octubre en Los Ángeles, California acusado de narcotráfico y lavado de dinero, el gobierno federal recibiría fuertes presiones de parte de la elite militar para traer de regreso al ex secretario: como fue, presionaron y la 4T lo regresó.
Más allá de las razones que den la Casa Blanca y Palacio Nacional, el día de ayer en el 110 aniversario del inicio de la Revolución maderista, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reiteró su lealtad al presidente de la República: “Hoy más que nunca, estamos comprometidos con la transformación que está en marcha. No anhelamos ningún poder, porque dependemos del Ejecutivo, a cuya autoridad nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México, pero sobre todo por convicción (La Jornada, 21 de noviembre de 2020).
Más claro, imposible. La lealtad de los militares se debe granjear, López Obrador lo sabe y también su canciller, Marcelo Ebrard; eso subyace en la decisión de hacer lo necesario para traer al ex secretario de la Defensa a nuestro país.
Lo que resulte de la investigación al militar, por su presunta participación en el crimen organizado, por lo pronto, es una historia que se irá construyendo.
