HABLEMOS DE DERECHOS/ Salvador Romero
El 16 de marzo del presente año, unos días antes de que se presentara el primer deceso en México producto del nuevo coronavirus SARS-COV-2, también conocido como COVID-19, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó categóricamente que “La manera más efectiva para prevenir infecciones y salvar vidas es romper la cadena de transmisión (…) Una vez más, nuestro mensaje es: pruebas, pruebas, pruebas”.
A pesar de ello, el Gobierno Federal apostó por una estrategia diferente a la que denominó “el Modelo Centinela”, según el cual, era innecesario realizar “pruebas, pruebas, pruebas”, ya que bastaba con contabilizar los casos confirmados directamente en los hospitales, para poder hacer una predicción del avance de la pandemia en nuestro país. Los resultados de la aplicación de este modelo están a la vista: Son catastróficos.
Hoy, siete meses después, y con casi 90,000 decesos oficialmente confirmados producto del COVID-19, seguimos siendo uno de los países más rezagados respecto a la realización de pruebas. Por ejemplo, uno de los parámetros básicos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, es que se realicen al menos de 10 a 30 pruebas por cada caso confirmado.
Sin embargo, en México, se han realizado apenas 2.1 pruebas por cada caso confirmado, lo cual es una cifra verdaderamente raquítica, en comparación con países como Alemania (72.6 pruebas por caso confirmado) o Corea del Sur (116.5 pruebas por caso confirmado). (Fuente: “Our World in Data”).
No es entonces casualidad que, en nuestro país, con 120 millones de habitantes existan casi 90,000 decesos oficiales confirmados, mientras que en Alemania con 83 millones de habitantes haya menos de 10,000 decesos y en Corea del Sur, con 50 millones de habitantes, haya menos de 500 decesos (sí, quinientos).
Aunado a lo anterior, y para acabar de agravar aún más las cosas, en instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el plazo para la entrega de resultados de una prueba, solía exceder de una o dos semanas, lo cual, de poco servía para que el potencial paciente contagiado pudiera tomar las medidas adecuadas para evitar que su situación se complicara o para evitar contagiar a más personas.
Finalmente, en el portal oficial del coronavirus, existe nula o muy poca información pública oficial útil sobre los diferentes tipos de pruebas y sus grandes diferencias. Esto por supuesto que ha generado una cadena de desinformación, que muy probablemente ha llevado a muchas personas a gastar sus propios recursos para realizarse pruebas que no son necesarias o cuyos resultados no reflejan su condición actual.
Ello, porque existen en el mercado tres grandes tipos de pruebas: La de reacción en cadena de la polimerasa, conocida comúnmente como PCR, la de anticuerpos, conocida comúnmente como prueba rápida; y la de antígenos.
La primera de ellas (PCR), es la más compleja y sirve para detectar la presencia del virus activo en el organismo, sin embargo, de acuerdo con estudios publicados en “The New England Journal of Medicine”, esta prueba tiene un margen de error de hasta el 30% en falsos negativos.
La segunda, la de anticuerpos, es mucho más precisa, pero no funciona cuando el virus está activo (es decir, cuando eres contagioso y/o puedes agravarte) ya que solamente funciona cuando el virus fue efectivamente superado, por lo que realmente su utilidad es principalmente para satisfacer la curiosidad de saber si ya estuviste contagiado o no. De hecho, si tienes síntomas y quieres saber si estás contagiado, esta prueba básicamente no te sirve de nada.
La tercera, menos común, es la de antígenos, que detecta la presencia de una proteína producida por el COVID-19, y aunque sí puede detectar al virus cuando éste se encuentra activo, es la menos confiable de las tres, ya que puede producir la mayor cantidad de falsos negativos e incluso, a diferencia de las otras dos, de falsos positivos también.
