DIVISADERO/ Eduardo González Velázquez
A poco menos de 50 días de la elección presidencial en Estados Unidos, las personas migrantes experimentan una nueva vuelta de tuerca en contra de sus libertades y derechos.
Todo ello con tintes electorales que buscan beneficiar la reelección de Donald Trump afianzando el voto duro de sus electores que no simpatizan precisamente con los migrantes.
Esta semana, con una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito del estado de California avaló la decisión del gobierno federal de eliminar el llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una medida humanitaria permite la residencia y el trabajo en Estados Unidos a personas migrantes procedentes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal.
No olvidemos que la propuesta para eliminar el TPS ya la había puesto sobre la mesa el inquilino de la Casa Blanca en enero de 2018, pero fue bloqueada por un tribunal inferior.
Si tomamos en cuenta que para los republicanos lo importante del fallo judicial es que pueda utilizarse como arma electoral, poco les quita el sueño que el caso lo resuelva la Corte Suprema y el veredicto se ofrezca hasta después del 3 de noviembre, cuando su uso electoral ya se haya hecho.
Incluso si Trump perdiera la reelección y la decisión de la Corte es contra el TPS, sería Joe Biden quien tendría que cancelar desde la oficina Oval el Estatus, cargando por ello con el costo político.
El TPS se estableció en 1990 con la finalidad de ofrecer un estatus migratorio temporal y permiso para trabajar a las personas de países afectados por desastres naturales y conflictos armados; no obstante, el beneficio del TPS no es el camino a una residencia permanente ni mucho menos a obtener la ciudadanía estadunidense.
El TPS beneficia a 300 mil salvadoreños, 58 mil haitianos, dos 5 mil nicaragüenses y mil 40 sudaneses, muchos de los cuales viven en la Unión Americana hace más de veinte años, y también se encuentran entre los afectados más de 200 mil menores nacidos en Estados Unidos que en caso de que sus familias fuesen deportadas a sus países de origen tendrían que salir con sus progenitores.
Esa situación tendría un costo de 45 mil millones de dólares en la economía estadunidense en los próximos diez años. La última extensión del TPS se dio en noviembre del año pasado por parte del Departamento de Seguridad Nacional con vigencia al 4 de enero de 2021.
Así como la eventual cancelación del TPS, en caso de ganar las elecciones, Joe Biden tendría una ardua tarea para poder revertir las políticas antimigrantes puestas en marcha por Donald Trump.
En total son más de 400 acciones ejecutivas sobre migración, a saber: mayores medidas de seguridad fronteriza, restricción de asilo, revocación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), reducción de visas para refugiados, racionalización de los tribunales de migración, suspensión de la política “agarrar y soltar”, el programa “Quédate en México” para que los centroamericanos esperen en nuestro país el veredicto a su petición de refugio en la Unión Americana, solo por mencionar algunas disposiciones gubernamentales.
Por vía de mientras, camino a la jornada electoral del 3 de noviembre, miles de migrantes beneficiados por el TPS deberán imaginar la manera de permanecer en Estados Unidos si el fallo del tribunal californiano es ratificado por la Suprema Corte.
* Profesor-investigador del Depto. de Relaciones Internacionales, región occidente. Tec de Monterrey.
@contodoytriques
