PUNTO CRÍTICO/ Gabriel Torres Espinoza
El pasado 05 de agosto, el Congreso del Estado de Oaxaca prohibió la venta de alimentos chatarra, esto es, de alto contenido de calórico, en menores de edad, así como su consumo en centros educativos y de salud.
El lunes pasado, Tabasco aprobó una iniciativa en los mismos términos. Al respecto, es importante hacer mención que son ya nueve las entidades federativas en que se discute esta posibilidad –entre ellas Jalisco–.
Y bien, ¿se justificada una legislación de esta naturaleza? Veamos. Somos el país con el mayor consumo per cápita de alimentos procesados y ultra procesados en el Planeta: nada más en Chiapas el consumo de refrescos es 30 veces superior al promedio mundial.
México es líder mundial en obesidad infantil, y el segundo con mayor obesidad en adultos a nivel global. Cabe mencionar que la obesidad y el sobrepeso son el factor de riesgo más importante para contraer enfermedades no Transmisibles [cardiovasculares, renales, diabetes, hipertensión y ciertos tipos de cáncer] y reducir la capacidad de aprendizaje de los infantes.
Más aún, la obesidad infantil está plenamente ligada a la obesidad en la adultez, toda vez que, en buena medida, los malos hábitos alimenticios se establecen durante el periodo de la niñez (FAO, 2019). Por esta poderosa razón, nuestra nación registra la prevalencia más alta de hipertensión en el Mundo; la mayor tasa por millón de habitantes en insuficiencia renal crónica en el Orbe; y el sexto lugar a nivel mundial en casos de diabetes.
En efecto, la explicación de su consumo también tiene una causal socioeconómica: la Unicef reconoce que los alimentos procesados son, por regla general, más baratos que los nutritivos.
De esta manera, el sobrepeso como la obesidad no sólo explican una mala alimentación, sino que también una condición de pobreza.
A esta nueva problemática se le ha denominado ‘hambre oculta’, derivada de la falta de micronutrientes en la alimentación a causa de que, en las ciudades, la niñez vive en ‘desiertos alimentarios’ donde no hay alimentos sanos disponibles.
De hecho, la Unicef reconoce que, a nivel mundial, la malnutrición infantil representa un problema mayor que la pobreza alimentaria en niños y niñas. De ahí la importancia de establecer incentivos financieros y fiscales para alimentos saludables, en contraste de los procesados.
De igual manera, debe decirse que la salud es un derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna. Y, en buena medida, la alimentación define y/o posibilita su calidad.
Por otro lado, el derecho a la alimentación, si bien es cierto, también es un derecho humano, el texto constitucional lo acota así: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
El Estado lo garantizará.” Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.”
De forma que este tipo de legislación es absolutamente necesaria dadas nuestras circunstancias. Nada tienen que ver con una “política prohibicionista”, sino con la necesaria intervención del Estado para el cuidado de un sector muy vulnerable de la población (las y los niños) en un aspecto fundamental para la salud: su sana alimentación.
Director Gral. de la Operadora SURTyC de la UdeG
@Gabriel_TorresE
