HABLEMOS DE DERECHOS/Salvador Romero
El año pasado adquirí el libro “Linchamientos Digitales” de Ana María Olabuenaga, una excelente obra que sienta un precedente importante en el estudio de un fenómeno cada vez más común pero -inversa e irónicamente- muy poco explorado con rigor académico o científico: el de los Linchamientos Digitales, que ella misma nos define como: “proceso mediante el cual se desata una tormenta de indignación e ira en el mundo online a través de las redes sociales digitales (puede ser en cualquiera y generalmente es en varias) contra una persona o institución, por sus dichos o hechos, sin que medie ningún tipo de proceso legal.” (Olabuenaga: 2019)
Una de las premisas más importantes de esta obra es la creciente, permanente e insoslayable fusión entre el mundo material (offline) y el mundo virtual (online), que hace apenas unos años estaban perfectamente delimitados y diferenciados, y que difícilmente se mezclaban más allá de las interacciones entre grupos reducidos de personas, como herramientas complementarias de la comunicación offline.
Actualmente, sin embargo, ambos “mundos” o “realidades” se están fusionando de una manera que puede llegar a salirse de control fácilmente por las tasas exponenciales de interacción que permiten las plataformas denominadas redes sociales digitales (RSD), y que entre sus muchos efectos adversos se encuentran, entre otros, temas como la propagación de bulos o #fakenews, invasiones graves a la privacidad, manipulación política o comercial de sus usuarios y, por supuesto, los linchamientos digitales.
En ese sentido, precisamente el día de ayer (3 de agosto) se hizo “viral” el video del asalto frustrado en una unidad del transporte público que cubría la ruta México-Texcoco y que ha generado, además de la propagación de miles de memes y millones de comentarios burlescos, un ejemplo claro de lo que constituye un linchamiento digital, con peculiares características, porque los hechos que le dieron origen sucedieron en el mundo material (offline), pero además, porque son hechos que pudieran ser válidamente considerados como un caso de linchamiento “tradicional” per se, en donde la comunidad decide castigar -al margen del Estado y de la Ley- a una persona por su conducta antisocial.
Antes de la existencia de las RSD, el linchamiento al asaltante dentro de esa unidad del transporte público, hubiera concluido con la satisfacción y amenas anécdotas de los pasajeros por haberle “dado su merecido” y con el asaltante en un hospital atendiendo sus lesiones.
Sin embargo, al subirse a las RSD, el video de la golpiza se ha transformado ahora en un linchamiento digital, cuyos efectos probablemente superarán por mucho las lesiones físicas que recibió a bordo de esa unidad.
Para muestra un botón: El día de hoy (4 de agosto) a las 12:49 pm, desde la cuenta de Twitter del usuario Carlos Jiménez (@c4jimenez), se dieron a conocer los presuntos datos personales del asaltante: nombre, edad, diversas fotografías, el día de su cumpleaños y municipio de residencia.
Dentro de la misma publicación, otro usuario de nombre Elías Roa (@RoaElias) dio a conocer también el presunto domicilio particular de dicha persona.
¿Cuáles serán los efectos que tendrán en dicha persona la revelación de dichos datos personales?
Suponiendo que sea detenido por las autoridades ¿qué pasará cuando salga de la cárcel (probablemente en poco tiempo, porque el delito que intentó cometer no es grave)? ¿Podrá llevar a cabo una “vida normal” o su linchamiento digital perdurará por mucho tiempo y tendrá severos efectos de largo alcance en su vida personal en el mundo material?
Me queda claro que el sentir popular al ver el video es “que se lo merecía” o incluso hay quien considera que “le salió barato”.
Una clara señal de que la enorme impunidad que impera ha hecho que el Estado de Derecho esté ya al margen de los linchamientos (físicos y digitales) y que la sociedad en general vea con buenos ojos a quienes hacen “justicia por mano propia”, lo cual puede tener consecuencias graves, pero aparentemente inevitables ya, en nuestro país.
Finalmente me pregunto: ¿qué pasaría si las autoridades se atrevieran a procesar y castigar a los “héroes de la combi”?
