PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
El Ejecutivo Federal, acompañado del secretario de Hacienda y del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, anunció este miércoles que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social, en materia de pensiones.
Desde el Grupo Parlamentario del PRD planteamos que, cuando esta iniciativa llegue a la Cámara de Diputados, se discuta en Parlamentario Abierto, con una participación plural que integre a expertos, a todas las organizaciones sindicales y empresariales, y a organismos internacionales.
Una reforma de esta envergadura, debe ser revisada cuidadosamente para que realmente ayude a que las y los trabajadores reciban una pensión suficiente y digna.
Sin embargo, lo que hasta el momento hemos conocido de la propuesta de reforma, parece ser un esfuerzo por rescatar el modelo privatizador y fracasado de las Afore, que han sido las principales beneficiarias del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que inició en 1997.
Es muy importante recordar que al cierre de marzo de 2020, los activos netos del SAR sumaron 3,916,263 millones de pesos; mientras que tan sólo en 2019, las ganancias que obtuvieron las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) ascendió a 13 mil 753 millones de pesos, una cifra récord.
Sin embargo, también hay que destacar que bajo el actual sistema de cuentas individuales sólo 26 por ciento de los más de 67 millones de trabajadores con cuenta en las Afore, reunirá el requisito de las mil 250 semanas de cotización para acceder a una pensión.
En tanto que en 2021, de los 75 mil aforados que se retiren, sólo 750 tendrá el tiempo suficiente para reclamar una pensión y ésta será equivalente a únicamente 30 por ciento de su último salario formal.
Por eso es necesario revisar con lupa la propuesta, no sólo debe ser una reforma que garantice a los trabajadores una pensión y que ésta sea digna sino, además, que sea viable, por lo que se deben generar las condiciones en materia fiscal, de desarrollo económico, inversión, creación de empleo, estabilidad en el empleo, y salario suficiente.
De lo contrario, sólo se estarán creando falsas expectativas y repitiendo los mismos errores de la reforma de 1997.
Por ejemplo, en la propuesta anunciada por el Ejecutivo Federal, el porcentaje de contribución recae en las empresas, al aumentar más de 7 puntos porcentuales -pasan de 5.15 % a 13.875 %-. El problema es que, producto de la pandemia, en México irán a la quiebra al menos 500 mil empresas, lo que aumentará la informalidad.
El aumento de contribuciones debiera ser resultado de un gran consenso, tener gradualidad e incluso, hacerse en función de los ciclos económicos. Este es el peor momento para una reforma paramétrica de este tipo.
Hay que valorar también que en este año los ingresos del gobierno se han desplomado, así como el de las Entidades Federativas y Municipios. Y la deuda pública se ha disparado. Además, la reducción de golpe del requisito de semanas cotizadas para pensionarse ocasionará un retiro masivo de trabajadores a un costo fiscal elevadísimo.
El GPPRD está dispuesto a discutir las propuestas que den viabilidad a un sistema de pensiones público, solidario, que redistribuya eficientemente la riqueza y que garantice evitar la pobreza en la vejez.
En lo que se debe tener cuidado es en no permitir que se apruebe una reforma que aumente las asimetrías que ya existen, incremente los beneficios para las Afore y no garantice una pensión digna para los trabajadores. Sin duda la reforma de pensiones es impostergable, pero debe tener una visión de justicia social y no fines electorales.
Coordinadora del GPPRD en el Congreso de la Unión
@Juarezvero
