PERSPECTIVA21/Verónica Juárez
El nuevo Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, conocido ahora como TMEC; entró en vigor este 1 de julio de 2020 en medio de una de las crisis económicas más grave de la historia.
De acuerdo el Banco Mundial (BM), el impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial, que se reducirá un 5,2%.
Según el BM, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita.
Y la economía de nuestro país será una de las más afectadas. El Fondo Monetario Internacional (FMI), pronosticó que el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía de México provocará una contracción de 10.5 por ciento en el PIB del 2020.
La Cámara de Diputados aprobó el 30 de junio, en un periodo extraordinario convocado expresamente, las minutas de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; de la Ley de Infraestructura de la Calidad, que abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; del Código Penal Federal; y de la Ley Federal de Derecho de Autor.
Hay que destacar el consenso logrado entre los distintos grupos parlamentarios para la aprobación de estas reformas legales que sentaron las condiciones para la entrada en vigencia en México del nuevo tratado comercial trilateral.
Entre otros beneficios, el TMEC permitirá a México conservar un acceso preferencial al mercado más grande del mundo y brindará certidumbre para
la inversión y el empleo; garantizará estabilidad a los flujos comerciales y de inversión; fomentará la creación de empleo; promoverá un comercio más inclusivo y responsable, fortalecerá la competitividad de México y la región y mantendrá la certidumbre para el comercio y las inversiones.
Es positivo para las tres naciones, sin embargo, en el caso de México, no será suficiente para solucionar la crisis económica que nuestro país ya enfrentaba desde antes de la pandemia.
El tratado comercial trilateral no será suficiente si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no corrige la política económica que incluso, antes de la emergencia sanitaria, ya había colocado al país en decrecimiento.
La economía del país ya estaba vulnerable por las decisiones erróneas del presidente y por priorizar los programas clientelares y los megaproyectos; al tiempo que redujo el gasto en sectores estratégicos como el campo, ganadería, pesca, turismo, ciencia y tecnología, entre otros, que fomentan la inversión y crean empleo.
La situación es mucho más delicada ahora en virtud de que el paro de actividades golpeó severamente a todos los sectores productivos, se perderán cerca de 12.5 millones de empleos y cerrarán miles de empresas, sobre todo micros, pequeñas y medianas (MYPIMES); que son las que crean más fuentes de trabajo.
Por eso la insistencia del PRD en que el Gobierno Federal reoriente el gasto para fortalecer las actividades productivas, inyecte recursos a las MYPIMES; construya acuerdos con la iniciativa privada para buscar juntos alternativas para reactivar la economía; y, sobre todo, respalde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital para apoyar a las miles de trabajadoras y trabajadores que se han quedado sin empleo, y cuyas familias la están pasando verdaderamente mal.
