PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
Para evitar que el Instituto Nacional Electoral (INE) le haga la tarea de garantizar la perspectiva de género en los próximos comicios locales, el Congreso de Jalisco debe instalar a la brevedad mesas de trabajo para concretar avances en la normatividad estatal en esta materia.
Sobre este tema participé en el Conversatorio “Violencia Política de las Mujeres en Razón de Género. Una Agenda pendiente en Jalisco”, organizado por Perité y la Red de defensoras de los derechos humanos de las mujeres”.
Durante el evento llamé a una amplia participación, sin distingos de credo o militancia política y con el concurso de las organizaciones civiles, para luchar a fin de que las reformas que hemos aprobado en el Congreso de la Unión en el ámbito federal se hagan realidad en los estados, Jalisco incluido.
Fue la amplia participación y la actual integración del Congreso de la Unión las que permitieron reformas a la Constitución en junio de 2019 en materia de paridad, y a otras ocho leyes en materia de violencia política de género en abril pasado.
Esto evidencia que la búsqueda de solución a este problema es sin duda alguna un asunto que aglutina y no que divide, lo cual es cuanto más necesario en medio de la actual declaratoria de emergencia por el COVID-19.
Estas reformas a nivel federal tienen el acierto de definir con toda claridad qué se entiende por violencia política de género, tipifican las conductas ilícitas, establecen las sanciones y facultan a las instancias que deben hacerse cargo de la implementación.
Es decir, se establece un marco bien delimitado que busca eliminar los actos que hasta ahora han discriminado a las mujeres por participar en la política y por tanto ha impedido que ejerzan su legítimo derecho a luchar por el poder, en una arena política en igualdad de oportunidades frente a los hombres, en una sociedad en la que somos la mitad de la población de nuestro país.
Es momento de que el Congreso de Jalisco impulse lo ya ganado a nivel federal y armonice sus leyes en materia de violencia política para que todas las dependencias, poderes y órganos autónomos estatales cumplan el principio de paridad género, eliminen la desigualdad estructural y propicien la competencia equitativa por los cargos.
Es pertinente precisar que el número de mujeres afectadas por la violencia política en las entidades federativas es mucho mayor y pasa lamentablemente desapercibido.
Por ejemplo, el Centro de Investigación para la Igualdad de Género reportó 33 casos con diferentes tipos de agresiones por razón de género en su Diagnóstico de Violencia Política del Estado de Jalisco en el proceso electoral de 2018, lo cual contrasta con el informe de sólo 4 denuncias reportadas por el Fiscal Especializado en materia de Derechos Electorales.
Esta disparidad de datos evidencia falta de mecanismos que favorezcan la denuncia y de protección a las denunciantes, pero también la falta de tipos y sanciones penales y electorales, lo que a su vez permite que las mujeres sigan siendo víctimas de coacción y violencia política.
Por lo anterior, las leyes estatales también deben proteger más allá de intereses personales, de grupo o de partido.
Es necesario definir una ruta crítica con la más amplia y plural participación posible que incluya fechas de foros, diálogos, publicaciones, difusiones y “mesas de al lado” a fin de lograr la mejor reforma en favor de las jaliscienses.
Únicamente garantizando la participación paritaria de las mujeres en todas las esferas del quehacer público, haciéndola evidente y generando los mecanismos que la protejan, continuaremos en la senda correcta para erradicar la violencia política de género y todas las expresiones de estas violencias.
Se trata de construir un paradigma en el que todas y todos influyamos en la edificación del destino común de nuestro país y en el futuro global de la sociedad, para arribar a una colectividad sin violencias basadas en la desigualdad de género.
