PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
El 31 de diciembre de 1994 fue creado el Consejo de la Judicatura Federal en la Constitución General de la República.
La grandilocuencia constitucional aseguraba -con su fundación-, un profesionalismo, austeridad y probidad para el Poder Judicial.
No obstante, en los hechos, es a todas luces evidente que este órgano interno de control ha incumplido con los fines para los que fue instaurado.
Así lo acreditan los informes anuales de las Auditorias Superiores, estudios académicos, investigaciones periodísticas y la percepción social.
Resulta innegable que, en las últimas dos décadas, el Poder Judicial ha pasado a convertirse en el Poder con mas casos de corrupción.
De suerte tal que la distancia entre lo que dice la ‘norma’ y lo que advierte la ‘normalidad’, es diametralmente opuesta.
Con relación al Consejo de la Judicatura, conviene destacar que nuestra Carta Magna –a excepción de la Ciudad de México– no obliga a las entidades federativas a replicarlas en sus poderes judiciales.
Actualmente, Colima y Zacatecas no cuentan con una judicatura local. Hasta 2017, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Puebla se encontraban en esta misma circunstancia.
Entonces, ¿los Consejos de la Judicatura resultan imprescindibles para asegurar un sistema de impartición de justicia que reduzca la impunidad? No necesariamente…
De acuerdo al Índice Global de Impunidad Subnacional en México 2018 [aunque publicado en este año, su análisis parte de datos oficiales de 2014 a 2016], elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, señalaba que la entidad federativa con menor grado de impunidad en el país fue Campeche –al momento de su evaluación, sin Consejo de la Judicatura–.
El tercer estado de la República con menor grado de impunidad, en aquel entonces, fue Chihuahua –otra entidad sin Judicatura en aquella fecha–.
Sin embargo, el dato no es aislado. El Índice de Estado de Derecho en México 2018 [con datos de 2017], de World Justice Project, le otorgaba el 3er y 4to lugar –en cuanto a la consolidación de su Estado de Derecho– a dos estados que no contaban con un Consejo de la Judicatura: Zacatecas y Campeche, respectivamente.
Las judicaturas locales, ¿han auspiciado una mayor profesionalización en el Poder Judicial? Con base en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019, de INEGI, del total de personal adscrito a los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales sólo el 0.2% cuenta con doctorado; y un 5.6% con maestría [porcentaje que iguala al personal adscrito con grado de secundaria].
Y ¿la corrupción en el Poder Judicial? De acuerdo a la ENVIPE 2019, de INEGI, la 2da autoridad con mayor nivel de percepción de corrupción, en nuestro país, son justamente los jueces (68.4%); tan sólo después ¡de las policías de tránsito! (76.6%).
Todo lo anterior, ha mermado con razón “la confianza en el Poder Judicial” en México, que ha experimentado un persistente descenso.
De acuerdo al Latinobarómetro: mientras que en 2002 ascendía a un 36%; para 2018 decayó a un 23%.
De forma que, si Jalisco sostendrá la Judicatura, sería bueno que comenzará por justificar su existencia, con algunos resultados tangibles, mismos que no se conseguirán si insisten en designar a cómplices y subordinados.
1 comentario
Coincido plenamente. Llevo 5 años con un Juicio Testamentario en Tribunal Civil de Jalisco, 4 amparos promovidos, 3 Jueces cambiados y múltiples Secretarios removidos, con la misma condición: No hay resolución.
En “radiopasillos” de los Juzgados se dice: Si no sueltas lana o buscas un amigo del Juez o solicitas apoyo de un político vinculado con el Juez, tu asunto no avanza.
Con experiencia personal doy testimonio que el control interno el Consejo de la Judicatura en Jalisco es ineficiente y corrupto.