PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
La intentona de legalizar el decreto presidencial con la presentación del Dictamen de la Iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, enfrentó al alud arrollador de argumentos y opiniones adversos a la intención presidencial, expuestos en el parlamento abierto convocado a propósito del tema, por académicos, investigadores, constitucionalistas, de economía, de las finanzas públicas, y, en general, de toda la sociedad civil.
La ilegalidad, fue abiertamente exhibida, con argumentos, que se perfilaban, desde que: asumía facultades “exclusivas” de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto; la innecesaria reforma, pues, el Ejecutivo ya disponía de las facultades para modificar el presupuesto, la ilegalidad de reducir los salarios de los funcionarios públicos, desde el nivel de subdirector hasta el de Presidente, o el de borrar de un plumazo sus aguinaldos, hasta, la necesidad de un Consejo Económico o fiscal y de elevarlo a rango Constitucional, entre otros.
Ante la obstinación de la mayoría parlamentaria de Morena, por aprobar la iniciativa presidencial en un periodo extraordinario, ya en los tiempos de la Comisión Permanente, la unidad de la oposición (PRD, PRI, PAN y MC), conformado como un grupo de contención ante los arrebatos autocráticos del presidente, evitó que la Comisión Permanente, con mayoría de Morena, convocará a un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, para discutir y eventualmente aprobar, la iniciativa presidencial que proponía adicionar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
La iniciativa plantea autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en caso de una emergencia económica, pueda reorientar los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a fin de “destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.
Así como reorientar los recursos asignados al Fondo Metropolitano (3,300 millones de pesos aprobados en el PEF 2020 para destinarlos a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad, con base en las decisiones de servidores públicos del gobierno federal.
La iniciativa pretende sustentar las medidas anunciadas por el gobierno para supuestamente enfrentar la emergencia nacional, publicadas el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, por el cual unilateralmente se establecieron determinaciones sobre el ejercicio del PEF 2020 que violan la Constitución y la LFPRH.
La iniciativa es innecesaria porque las disposiciones vigentes de la LFPRH sustentan la posibilidad de la adecuación del PEF ante el escenario de una disminución de los ingresos fiscales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), hoy estimado en un escenario optimista en un -5.4%; ésta adecuación se realizaría a propuesta del Ejecutivo Federal y sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
La propuesta presidencial refuerza las facultades centralistas, porque el decreto citado no establece la naturaleza y características de la emergencia económica derivada de la pandemia, el sustento para la determinación de las actividades y los programas prioritarios o los criterios para la reorientación del gasto público para la atención de lo prioritario, particularmente con respecto a los derechos de las personas y los servicios que la administración debe proveer; así como, tampoco toma en cuenta ninguna voz de las Entidades Federativas o municipal.
Preocupa que, tampoco establece un límite a los recursos que se pueden reasignar. Pues por ejemplo, con base en la Cuenta Pública de 2019, las mayores erogaciones (adecuaciones) de la Administración Pública Centralizada ascendieron a más de 173 mil millones de pesos en ese año, de las cuales, se reasignaron como adecuaciones presupuestarias, poco más de 101.9 mil millones de pesos a la Secretaria de Energía, con cargo a activos financieros disponibles engrosados con los subejercicios provenientes de Secretarias y entidades de la Administración Pública, fundamentalmente, para amortizar deuda de Pemex con una aportación patrimonial de 97.1 miles de millones de pesos.
Para lo cual el Ejecutivo Federal no pidió ninguna autorización a la Cámara de Diputados, y sólo lo registró en los informes trimestrales de las Finanzas Públicas. Es por ello, que mantenemos nuestra convicción de que debe ponerse un alto a estas facultades discrecionales y centralistas.
Para muestra un botón, en un alarde de este desbalance centralista, en la propuesta legislativa, se pretende desaparecer el Fondo Metropolitano para el año 2020, recursos destinados para inversión pública que ahora pretenden orientar a la discrecionalidad del gobierno central.
La iniciativa atenta contra una de las facultades legislativas más importantes: la de decidir y supervisar, como representantes de la ciudadanía, la asignación y el ejercicio del presupuesto de la Nación.
Además, no propone ninguna medida dirigida a contener la grave caída de los ingresos presupuestarios, los cuales podrían disminuir por más de 700 mil millones de pesos.
Ante la profunda crisis de salud y económica que se avecina, la iniciativa plantea una propuesta que vulnera el orden constitucional y los principios de división de poderes, de gasto con criterios federalistas, de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y de rendición de cuentas con base en autorizaciones sujetas al control de la gestión gubernamental.
Resulta evidente que en la emergencia presente las prioridades son esencialmente la vida y la salud de la población, los ingresos de las familias y la preservación de las capacidades para reactivar la economía y no el otorgamiento de poderes extraordinarios al presidente de la República para la disposición y la asignación de los recursos públicos de la Federación.
En lo que el Poder Legislativo debe estar enfocado es en promover iniciativas que ayuden a enfrentar de forma inmediata, con seriedad y profundidad, la emergencia sanitaria y la crisis económica que ya enfrenta el país.
Estamos dispuestos a revisar y analizar cualquier propuesta que ayude a estos objetivos, pero no que con el pretexto de la crisis se le pretenda otorgar facultades extraordinarios y exceso de poderes al Ejecutivo Federal.
Esta iniciativa debe ser retirada y convocarse a un Acuerdo Nacional que congregue los esfuerzos de todos los sectores y de toda la ciudadanía.
Esta crisis se resolverá sólo con la participación de todos y con gobernanza, diagnósticos precisos, propuestas estratégicas, respuestas tangibles y evaluables, transparencia y rendición de cuentas.
