PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
El Congreso del Estado de Jalisco deberá votar la elección de una Consejera Jueza, una Consejera Ciudadana y un Consejero Ciudadano del Consejo la Judicatura del Estado de Jalisco.
Resulta oportuno recordar que la Judicatura Federal fue creada (reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994) para “garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial… a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial”.
Básicamente, la Judicatura debería ser un “órgano de [ojo] administración confiable, transparente y de excelencia, que asegura medios y elementos de calidad en la impartición de justicia” … para garantizar la -nada menos que- seguridad jurídica de los gobernados.
En suma, un órgano de control, que quedó lejos hoy de lograr su cometido.
El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco fue creado el día 28 de abril de 1997, bajo decreto No. 16541. Está conformado por cinco miembros.
Tres de los consejeros serán ‘ciudadanos’ (obvio, si no son ‘ciudadanos’ no podrían desempeñar ningún cargo público) y el tercero se elegirá de entre los jueces inamovibles de primera instancia.
Es presidido por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, lo cuál resulta una contradicción, pues el Presidente es parte de lo que debe ser controlado (administración vigilancia y disciplina) por el Consejo de la Judicatura.
El Congreso de Jalisco emitió sendas convocatorias, diseñadas para aparentar apertura, pero retener en realidad la discrecionalidad para designar a los nuevos funcionarios públicos.
Un ingenioso gatopardismo. Para ello relegó (otra vez) al Comité de Participación Social a sólo una evaluación curricular y se reservó una entrevista para -únicamente- los miembros de la Comisión de Justicia.
Se aplicará un examen (de esos que con anticipación siempre filtran a sus ‘cuates’) aparentemente diseñado con reactivos que elaborarán las Universidades. Se prevé, además, la aplicación de un examen de control y confianza, de esos que en el pasado algunos funcionarios han aprobado, incluso, en extraordinario (nada confiables, pues).
Lo que no queda claro es el compromiso del Congreso de Jalisco para elegir sobre la base de los mejores perfiles, trayectorias y méritos.
Que habrá reparto de cuotas, sin duda. No se puede ser tan ingenuo como para ignorar que el Congreso es un órgano político. Pero que sean los ‘cuates’ de los diputados los mejores candidatos, eso sí resulta el verdadero problema.
Especialmente cuando se conoce el caso de magistrados que han pagado fuertes sumas de dinero a los legisladores para ser designados en el jugoso negocio del Poder Judicial.
La independencia del Poder Judicial se diluye cada vez que al renovarse estos cargos se privilegian las complicidades y los sobornos, sobre los méritos, la trayectoria y la reputación.
Por eso padecemos consejeros, jueces y magistrados improvisados, con antecedentes penales, que no saben escribir, abogados sin trayectoria ni carrera judicial.
En suma, neófitos del derecho, muy obedientes con sus ‘padrinos’, dispuestos a recuperar su inversión torciendo la ley para favorecer delincuentes y corruptos. Eso sí, dicen siempre ellos: ‘muy apegados a derecho’.
