PUNTO CRÍTICO/ Gabriel Torres Espinoza
Resulta cierta la afirmación del gobierno federal respecto de que lo que se llamó “el seguro popular”, no era “seguro” y tampoco “popular”.
Como parte de las reformas planteadas, se creó el ‘Instituto Nacional de Salud para el Bienestar’, por su siglas Insabi.
Las reformas a Ley General de Salud ocurrieron el 29 de noviembre de 2019. Básicamente sepultan el Seguro Popular y lo sustituyen por el Insabi.
Se dijo que los servicios médicos del Insabi serían para todos –ojo- sin cuotas ni restricciones.
Que ofrecería un ‘servicio universal’, “para todos los padecimientos”. Incluso, “para los que generan gastos catastróficos, como el cáncer”.
El naciente Instituto ofrecerá “servicios gratuitos y de calidad a todas las personas que estén en el país y que no cuenten con seguridad social”. Esto se refiere a quienes no sean derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena o Marina, de conformidad con el artículo 77 bis 7, de la Ley General de Salud.
Pero la forma en que nació este Instituto, acusa ya más complicaciones y omisiones que su antecesor, el “Seguro Popular”.
El Excélsior y El Economista consignan lo que advierte “Eurasia Group”, empresa de operación mundial dedicada al análisis de riesgo político.
Sobre el Insabi señalan que hay informes de inconsistencias en la provisión de los servicios médicos, así como ‘confusión sobre las tarifas de los servicios’.
El gobierno ha declarado que todos los servicios del Insabi serán libres de costo, pero ‘muchos hospitales siguen cobrando a los pacientes’.
Incluso, “Eurasia Group” detalla que de acuerdo a sus informes, ‘las tarifas han aumentado’. Entre los riesgos más graves están los servicios médicos de segundo y tercer nivel, para los que el naciente Insabi no está preparado, definitivamente.
Para colmo, existe una abiertamente denunciada insuficiencia en medicamentos, como consecuencia de la centralización de las compras, y las licitaciones federales declaradas ‘desiertas’.
De cara al problema que ya enfrenta el Insabi en su inicio de operaciones, está la postura del Presidente López Obrador, quien afirmó que los estados no están necesariamente obligados a sumarse a ese Instituto.
Qué “es voluntario, no obligatorio”. Que “no por eso les va a escatimar recursos que por ley les corresponden”.
Milenio publicó ayer que “el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, puntualizó que no firmará la carta intención de desaparición del Seguro Popular y anunció que el martes tendrán una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema.
“Jalisco no va a entregar su sistema de salud a la Federación”. En esta tesitura están también las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Durango y Nuevo León; que a la fecha no han firmado la carta de intención para adherirse al Insabi.
De acuerdo con la información del diario, con la creación del Insabi ‘se eliminaron mil 216 plazas de lo que era la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con lo cual el Seguro Popular se quedó con 235 empleados federales de los mil 451 con los que funcionaba hasta 2019’.
