Según un análisis hecho por Margarita Martínez Fisher y entregado al PAN en el Senado de la República los principales partidos incurren en al menos una decena de delitos electorales. Además de la guerra sucia que involucra, hasta el momento, a 12 candidatos, los delitos entre los que más incurren las agrupaciones políticas son la entrega de despensas, cooptación y compra del sufragio, condicionamientos para la entrega de recursos de programas sociales y rebase en los topes de campaña, entre otros.
Hasta el momento se han denunciado al menos 10 delitos electorales que implican cárcel, como es el caso de los candidatos que se aprovechan de fondos públicos, como los legisladores que no pidieron licencia y mantienen sus dietas y apoyos económicos, todos ellos implican encarcelamiento, de tres y hasta nueve años de cárcel.
Las campañas sucias están prohibidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y ésta faculta al Consejo General del INE y a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a sancionarla con la cancelación de su difusión y con multas económicas. Tanto el PAN como el PRD fueron multados por esta falta y 12 candidatos son sujetos de campañas difundidas en redes sociales donde se habla de sus trayectorias y sus actividades políticas, desde una óptica que los muestra como excesivos, corruptos y mentirosos.
En diferentes estados se denuncia la entrega de despensas, delito que está castigado con tres años de cárcel; a decir de los mismos partidos políticos; el PRD y el PAN acusan que el PRI y el Partido Verde distribuyen despensas en estados como Veracruz y Quintana Roo. Otro delito electoral es el que realizan la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), al intentar impedir el proceso electoral, incluso con la persecución a los funcionarios electorales; la Ley castiga con seis años de cárcel los intentos de obstrucción del proceso.
